Trabajadores judiciales exigen a la Corte Suprema reforzar respuesta ante acoso laboral y sexual tras caso de exjuez Luis Barría

La Organización de Trabajadoras y Trabajadores Judiciales (OTJ) manifestó su preocupación por el caso del exjuez Luis Barría y emplazó a la Corte Suprema a revisar en profundidad los mecanismos de prevención, investigación y sanción del acoso laboral y sexual al interior del Poder Judicial.

A través de una declaración pública, la organización sostuvo que el caso no solo resulta grave por las conductas que derivaron en una condena penal, sino también por las falencias institucionales que, a su juicio, quedaron expuestas.

“¿Cómo es posible que frente a hechos de esta gravedad la separación definitiva del cargo no haya sido consecuencia oportuna de los mecanismos disciplinarios del propio Poder Judicial, sino que haya debido producirse finalmente como efecto de una condena penal y de la inhabilidad sobreviniente para ejercer la función?”, cuestionó la OTJ.

Críticas a la respuesta institucional

La organización afirmó que el Poder Judicial tiene el deber de garantizar espacios laborales seguros y respetuosos de la dignidad de quienes trabajan en tribunales y otras unidades judiciales.

En ese sentido, sostuvo que no basta con contar formalmente con protocolos o procedimientos si estos no son capaces de reaccionar de manera oportuna y proporcional frente a hechos graves.

“El acoso laboral y el acoso sexual no son simples conflictos interpersonales, problemas de convivencia ni faltas menores”, señaló la declaración.

La OTJ añadió que estas conductas pueden ser aún más graves en instituciones fuertemente jerarquizadas, debido a las relaciones de poder y dependencia existentes entre quienes ejercen cargos de autoridad y quienes trabajan bajo su supervisión.

Llamado directo a la Corte Suprema

La organización dirigió especialmente sus críticas a la Corte Suprema, a la que atribuyó la responsabilidad de impulsar cambios institucionales en esta materia.

“No resulta suficiente que el sistema reaccione cuando los hechos ya han alcanzado consecuencias penales”, indicó la OTJ.

Según la declaración, la responsabilidad disciplinaria y administrativa tiene una finalidad propia y el Poder Judicial debería ser capaz de ejercerla oportunamente, sin esperar la intervención de otros órganos del Estado.

La organización pidió revisar qué ocurrió en el caso Barría, por qué los mecanismos internos no produjeron antes una respuesta proporcional y qué medidas deben adoptarse para evitar situaciones semejantes.

Protección de denunciantes

Otro de los puntos planteados por la OTJ es la situación de vulnerabilidad en que pueden encontrarse quienes denuncian a personas que ocupan posiciones jerárquicas dentro del Poder Judicial.

La organización advirtió que un funcionario que denuncia a alguien con influencia sobre su carrera, sus funciones o sus condiciones laborales puede quedar especialmente expuesto a eventuales represalias.

Por ello, planteó que los mecanismos internos deben ser diseñados desde la perspectiva de quienes denuncian y no solo desde la lógica administrativa de la institución.

“El acoso no es un problema menor”

La OTJ exigió una política institucional permanente de prevención, protección, investigación y sanción del acoso laboral y sexual, con participación de quienes trabajan diariamente en el sistema judicial y con mecanismos que permitan evaluar su efectividad.

También cuestionó que el estándar para separar a una persona de la función judicial por conductas de extrema gravedad pueda terminar dependiendo de una condena penal.

“El estándar ético y disciplinario exigible a quienes ejercen jurisdicción debe ser especialmente riguroso, precisamente por la autoridad que el Estado deposita en ellos”, sostuvo la organización.

La declaración concluye con un emplazamiento a la máxima autoridad judicial: “El Poder Judicial no puede exigir hacia afuera respeto por los derechos fundamentales y, al mismo tiempo, mostrar incapacidad para garantizar esos mismos derechos a quienes trabajan en su interior”.

Para la OTJ, el caso del exjuez Luis Barría debe convertirse en un punto de inflexión que obligue a revisar la forma en que el Poder Judicial enfrenta el acoso laboral y sexual dentro de sus propias estructuras.